Playa del Carmen, Q. Roo.- Las autoridades municipales iniciaron una indagatoria formal tras las acusaciones presentadas por Jeffrey Burke, ciudadano canadiense que denunció haber sido víctima de extorsión y maltrato durante su detención en este centro turístico. La revisión del caso puso de manifiesto una deficiencia crítica en la infraestructura de seguridad: los separos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana carecen de sistemas de videovigilancia, limitación que impide contar con registros audiovisuales que corroboren lo sucedido durante los arrestos. Luis Herrera Quiam, secretario general del gobierno municipal, admitió esta carencia operativa y subrayó cómo la falta de evidencia visual complica el contraste entre las versiones de los detenidos y los reportes de los agentes. Edgar Barbosa, segundo regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, urgió la implementación inmediata de equipos de grabación en los centros de retención, advirtiendo que la ausencia de pruebas objetivas compromete la certeza jurídica en el municipio. Los hechos cuestionados ocurrieron el 3 de noviembre, cuando Burke, quien se desempeñó como detective policial en Canadá durante más de veinte años, fue detenido. De acuerdo con su relato, todo comenzó por una disputa de cien pesos relacionada con el uso de un camastro en la playa, conflicto que escaló hasta un enfrentamiento con personal de establecimientos y posteriormente con autoridades municipales que, según afirma, lo arrestaron sin comunicarle los cargos y dañaron sus lentes. Burke refiere haber estado incomunicado por más de treinta horas en una celda hacinada con aproximadamente treinta personas, en condiciones insalubres, sin comida ni asistencia de intérprete. Sostiene además que sufrió agresiones físicas que le ocasionaron conmoción cerebral y ruptura de tímpano. Según su denuncia, recuperó la libertad únicamente después de transferir quinientos dólares canadienses a través de la plataforma Wise hacia una cuenta particular, operación que considera un cobro ilegal no vinculado a las finanzas municipales, además de haber firmado un documento en idioma español cuyo contenido desconocía. Burke presentó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo solicitando la preservación de registros, reportes policiales y grabaciones de acceso, argumentando violaciones a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, a la Ley Nacional del Registro de Detenciones y a las disposiciones locales de justicia cívica. Hasta la fecha, la corporación policial no ha ofrecido pronunciamiento oficial respecto a las acusaciones.
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