Las autoridades mexicanas anunciaron el miércoles que únicamente procederán con la extradición de servidores públicos de Sinaloa si cuentan con evidencia robusta conforme a la normatividad vigente en el país, según informó Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República. El Departamento de Justicia norteamericano presentó cargos formales contra el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios vinculados a su administración, acusándolos de mantener conexiones con la organización delictiva denominada Cártel de Sinaloa. En respuesta a esta acción, la dependencia fiscal mexicana informó que inició un proceso investigativo para determinar si las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses poseen sustento legal suficiente que permita fundamentar peticiones de captura. El comunicado fue difundido por el vocero a través de las plataformas digitales oficiales de la institución.
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