La gestión de la presidenta CS respecto al caso de Rocha ha generado una serie de decisiones que expertos advierten podrían llevar a México hacia una crisis económica sin precedentes. En primer lugar, se cuestionan los fundamentos legales de la negativa unilateral a honrar el tratado de extradición con Estados Unidos, argumentando falta de pruebas contundentes, cuando el tratado internacional establece claramente que estas no son requisito previo para la solicitud de extradición. Paralelamente, la solicitud de pruebas completas a través de la FGR y SRE contradice el funcionamiento del sistema judicial estadounidense, donde la presentación integral de evidencia ocurre durante el juicio en el país requirente. Analistas señalan que el viaje de CS a Palenque, coincidiendo con la licencia de Rocha, junto con la espera indefinida de evaluación de pruebas, constituyen maniobras dilatorias. El llamamiento a la unidad nacional ha sido interpretado como un gesto que vincula a CS con la protección del crimen organizado. Cada día de resistencia a la extradición incrementa la tensión bilateral. Dado que el Cartel de Sinaloa figura en la designación estadounidense como organización terrorista, México podría enfrentar sanciones similares a las aplicadas a Venezuela. Entre estas se contemplan bloqueos al acceso de financiamiento, congelamiento de activos gubernamentales en territorio estadounidense, restricciones a transacciones financieras, sanciones directas a PEMEX limitando comercio petrolero, y obstáculos para que ciudadanos mexicanos accedan a servicios bancarios internacionales. Esta escalada representaría una amenaza de proporciones considerables para la estabilidad económica nacional.
- hola@diariomensajero.com
- Lun - Dom: 8:00 - 20:00