La batalla silenciosa entre generaciones: vivienda, pensiones y educación en crisis

Manifestaciones callejeras en Europa contra el precio de la vivienda, inquietud en Estados Unidos sobre el futuro de los programas de seguridad social, y deterioro fiscal en México convergen en una realidad incómoda: el sistema de transferencias económicas entre generaciones está llegando a su límite. Aunque estos conflictos parecen desconectados, todos comparten una raíz común que rara vez se menciona públicamente. La raíz del problema radica en cómo los Estados financian el bienestar de grupos de edades distintas, una tensión que se agudiza con el envejecimiento poblacional y la mayor longevidad. Francia ejemplifica la gravedad del asunto. Su inversión en pensiones de prestación definida, sustentadas en el sistema de reparto, alcanzó el 14 por ciento del PIB durante 2025 con proyecciones de continuar su ascenso. Se trata fundamentalmente de dinero que trabajadores jóvenes transfieren mediante impuestos a jubilados mayores de 62 años, cuyo bienestar económico ya equipara al promedio nacional. Un Estado que destina el 57 por ciento de su PIB al gasto público se ve forzado a comprometer rubros vitales como la educación debido a esta carga pensionaria. El mercado inmobiliario español ilustra una faceta distinta del conflicto generacional. Mientras algunos culpan al sistema capitalista y otros a políticas socialistas, pocos advierten que residentes como Maricarmen Abascal, ya fallecida, ocupaban viviendas centrales durante siete décadas, bloqueando oportunidades para familias jóvenes, sin importar subsidios o control de rentas. La carencia habitacional se conecta directamente con la longevidad: cuando las personas viven más años, conservan sus hogares durante períodos más extensos. En territorio estadounidense, la generación de posguerra enfrenta su etapa de jubilación masiva. Actualmente, cuatro de cada diez dólares del presupuesto federal benefician a personas mayores de 65 años. Durante 2025, el gobierno invirtió 43 mil 700 dólares por cada adulto mayor frente a apenas 4 mil 300 por cada joven menor de 26 años, según datos del Modelo Presupuestario de la Universidad de Pensilvania: una proporción de diez a uno que favorece a grupos demográficos más acomodados relativamente. Entre 1983 y 2022, la riqueza acumulada en hogares con integrantes de 75 años o más experimentó un salto dramático, pasando de superar apenas el promedio en un 5 por ciento a representar el 55 por ciento por encima de este. El reloj marca 2032 como fecha crítica: en ese año el fondo de Seguro Social se agotraría, forzando reducciones del 22 por ciento en pensiones bajo la legislación vigente. Los jubilados sostienen que sus aportaciones durante toda la vida laboralmente activa justifican sus beneficios presentes; la juventud contrapone que ninguna contribución histórica autoriza recibir montos exponencialmente mayores a lo invertido, especialmente cuando carecerán de prestaciones equivalentes. México navega rápidamente hacia esta misma controversia. Aunque el país enfrenta urgentes deficiencias fiscales, una porción considerable de su debilitamiento presupuestario proviene de compromisos pensionarios que en 2027 consumirán el 23 por ciento del presupuesto anual, equivalente al 6 por ciento del Producto Interno Bruto, financiados prácticamente mediante recaudación tributaria. Los trabajadores jóvenes del sector formal actual cargan tasas extremadamente elevadas de Impuesto Sobre la Renta con escasas deducciones para sostener sistemas pensionarios del IMSS, Pemex e instituciones militares. Esta confrontación constituye un dilema fundamentalmente ético sin resolución clara