La administración estadounidense puso en marcha nuevamente el Mecanismo de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá para que México investigue presuntas violaciones a derechos laborales en las instalaciones de Carolina Performance Fabrics, S.A. de C.V., localizada en Guanajuato. La empresa manufacturera de textiles especializados para la industria automotriz enfrenta denuncias por conductas anti sindicales y represalias contra trabajadores que intentan organizarse. La solicitud fue interpuesta el 10 de septiembre por un sindicato vinculado a la Confederación Central Nacional, dirigida por Víctor Manuel Mendoza Pantoja. Conforme a la documentación examinada por el Comité Interagencial Laboral coordinado por la Oficina de Representación Comercial y el Departamento del Trabajo estadounidenses, se alega que la dirección de la planta realizó intimidación y hostigamiento de empleados, efectuó despidos sin justificación como represalia por actividades sindicales e intervino de manera dolosa para obstaculizar la representación de los trabajadores. Tras analizar el expediente en el lapso reglamentario de 30 días, el comité determinó que existen indicios probatorios suficientes y confiables de posible violación de derechos, lo que autoriza la invocación del Anexo 31-A del tratado. Simultáneamente con el envío de la solicitud formal de revisión al gobierno mexicano, la oficina comercial estadounidense instruyó al Departamento del Tesoro a suspender inmediatamente la liquidación de mercancías sin procesar originarias de las instalaciones guanajuatenses. Esta acción preventiva afectará el tránsito de insumos textiles dirigidos al sector automotriz en la red de suministros norteamericana hasta la conclusión del procedimiento o la implementación de un plan de corrección. México cuenta con diez días para responder si aceptará llevar a cabo la revisión formal, y dispondrá de cuarenta y cinco días a partir de la presentación de la queja para finalizar la investigación y establecer si las violaciones alegadas ocurrieron. Este nuevo expediente se suma a los ya existentes contra proveedores automotrices en la región bajío, intensificando la supervisión sobre centros laborales en las cadenas de valor regionales.
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