Una iniciativa legislativa presentada en la Ciudad de México busca establecer castigos severos contra el hurto de electricidad utilizada en operaciones de minería de activos digitales. La propuesta, impulsada por el legislador Alberto Martínez Urincho del partido Morena, fue presentada ante el Congreso capitalino el pasado 26 de octubre y plantea sanciones que oscilan entre cinco y 12 años de encarcelamiento. En caso de presentarse circunstancias agravantes, las penas podrían extenderse hasta 18 años de prisión. Además de las medidas de privación de libertad, la iniciativa contempla multas que variarían entre mil y tres mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, junto con la incautación de todos los equipos utilizados en estas actividades ilícitas. La propuesta busca modificar el Código Penal Federal mediante la incorporación del artículo 368 Sextus, dirigiendo sus disposiciones a quienes sin autorización utilicen, comercialicen, trafiquen o alteren la energía proveniente de las redes del Sistema Eléctrico Nacional para alimentar infraestructura dedicada a la miner��a digital, procesamiento masivo de datos o resolución de algoritmos criptográficos. Se considerarán circunstancias agravantes la conexión directa a líneas de media o alta tensión, la provocación de interrupciones en el servicio eléctrico y la operación encubierta de centros de procesamiento. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapas tempranas del proceso legislativo y deberá atravesar varias instancias antes de su eventual aprobación y entrada en vigor. La minería de criptomonedas requiere un consumo energético considerable, utilizando equipos especializados para resolver operaciones matemáticas y validar transacciones en redes de activos digitales a cambio de recompensas potenciales, lo que constituye el fundamento principal de la iniciativa.
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