La marcha de este fin de semana en el corazón de la Ciudad de México volvió a confirmar una verdad incómoda: cuando la protesta se deja secuestrar por la violencia, no sólo se dañan muros y vallas; se hiere también la legitimidad de las causas que dicen defenderse. Lo ocurrido en el Zócalo, con encapuchados derribando vallas, lanzando proyectiles y tratando de irrumpir en Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es una expresión de inconformidad democrática, es un intento de doblegar a las instituciones por la fuerza.
De acuerdo con el propio Gobierno de la Ciudad de México, la movilización de la llamada “Generación Z” congregó a alrededor de 17 mil personas de distintas edades, que iniciaron una marcha pacífica desde el Ángel de la Independencia hasta el Centro Histórico. Fue en el tramo final cuando un grupo de encapuchados, armados con martillos, cadenas, esmeriles e incluso artefactos explosivos, derribó las vallas de protección y se enfrentó con los cuerpos de seguridad, dejando decenas de personas lesionadas.
Ese momento marca una línea clara: de un lado, la protesta legítima; del otro, la violencia que pretende camuflarse de “indignación” para justificar el vandalismo, motivada por los grupos de oposición de siempre, esos grupos que por años secuestraron la tranquilidad del Pueblo de México.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante al condenar la violencia y al mismo tiempo refrendar el respeto absoluto al derecho de manifestación, subrayando que lo ocurrido en el Zócalo no fue un movimiento juvenil espontáneo, sino una movilización influida por intereses políticos y económicos que buscan desgastar al gobierno y desestabilizar el clima democrático.
A ello se suma el señalamiento de que detrás de la convocatoria se configura una campaña internacional de desinformación, con financiamiento millonario, uso de cuentas automatizadas y participación de actores ligados a redes de derecha global.
Desde el Poder Legislativo, la postura debe ser igual de clara: toda demanda social merece ser escuchada; toda agresión contra personas e instituciones debe ser rechazada sin matices.
La Cámara de Diputados y el Senado no pueden ser observadores pasivos mientras un grupo minoritario convierte la plancha del Zócalo en un campo de batalla. Acompañar al gobierno de la Presidenta Sheinbaum no significa negar la existencia de problemas (violencia, desigualdad o corrupción heredada), sino apostar por resolverlos mediante leyes, políticas públicas y control democrático, no a través de la destrucción del espacio público ni del amedrentamiento a la fuerza policial.
Conviene recordar que el Zócalo no es sólo una plaza: es un símbolo de la República. Frente a Palacio Nacional se toman decisiones de política pública; en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resuelven controversias constitucionales que sostienen el Estado de derecho. Que esos edificios hayan sido objeto de ataques físicos, intento de irrupción y vandalización por parte de encapuchados no es un detalle menor: es un mensaje directo contra las instituciones que sostienen la vida democrática.
Quien justifica esos actos maquillados con un “hartazgo” que no existe, abre la puerta a que mañana cualquier causa, por legítima que sea, pueda reivindicar la violencia como herramienta política.
Ello no implica desoír a quienes marchan de manera pacífica, en especial a las y los jóvenes que expresan dudas, miedos y frustraciones en materia de seguridad, economía o futuro laboral. Pero si en verdad se busca que esas voces incidan, el camino es el diálogo, la organización y la participación institucional: en parlamentos abiertos, en audiencias públicas, en procesos de reforma, en ejercicios de rendición de cuentas.
De hecho, el desafío para el Poder Legislativo es convertir esa inconformidad en insumo de trabajo: abrir espacios formales donde esa generación pueda plantear propuestas, contrastarlas con evidencia y traducirlas en iniciativas de ley y presupuestos que atiendan sus preocupaciones.
En paralelo, es indispensable cerrar el paso a la manipulación digital. El uso de campañas coordinadas en redes sociales, con bots, influencers y contenidos diseñados para generar violencia y discursos de odio, sin aportar soluciones, degrada la conversación pública y erosiona la confianza en las instituciones.
Frente a ese fenómeno, el acompañamiento legislativo al Poder Ejecutivo debe expresarse en marcos normativos que fortalezcan la transparencia de las plataformas, la trazabilidad del financiamiento político y la protección de la libertad de expresión sin permitir la impunidad de la desinformación organizada. No se trata de censurar, sino de poner reglas claras para que la mentira pagada no valga más que la voz ciudadana auténtica.
México asumió compromisos internacionales para construir sociedades pacíficas e inclusivas, con instituciones sólidas y rendición de cuentas, como lo señala el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. La escena de encapuchados derribando vallas con herramientas industriales y lanzando artefactos explosivos en la principal plaza del país va exactamente en sentido contrario: no fortalece la democracia, la vulnera; no hace más escuchables las demandas, las empaña.
Por ello, la respuesta institucional debe tener tres ejes: primero, la condena firme y sin ambigüedades a la violencia venga de quien venga; segundo, la garantía plena del derecho a la protesta pacífica, sin criminalizar a quienes se manifiestan en apego a la ley; y, tercero, el compromiso del Poder Legislativo de acompañar al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum con reformas, diagnósticos y presupuestos que atiendan las causas de fondo del malestar social, en particular entre las juventudes. No basta con descalificar la manipulación de ciertos grupos; es necesario ofrecer rutas concretas de participación y esperanza.
El Zócalo volverá a llenarse de música, de celebraciones cívicas y de manifestaciones pacíficas, como ha ocurrido por décadas.
Que no quede duda: quienes creemos en la democracia tenemos que defender el derecho a protestar y, al mismo tiempo, trazar un límite infranqueable frente a la violencia y el vandalismo.
Acompañar al gobierno democráticamente electo en esta tarea no es un acto de obediencia ciega, sino de responsabilidad republicana: se trata de cuidar la casa común, esa plaza abierta donde caben todas las voces, menos las que llegan con martillos y fuego a intentar callar a las demás.