Santa Marta acoge la cumbre donde ciencia y política trazan la hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles

Colombia se consolida como epicentro de un histórico debate global esta semana en Santa Marta, ciudad ubicada entre la Sierra Nevada y el Caribe, donde gobiernos y expertos se reúnen para definir estrategias concretas de transición energética más allá de las promesas retóricas. La discusión ha evolucionado desde cuestionamientos sobre la viabilidad del cambio hacia análisis profundos sobre financiamiento y ejecución social de esta transformación. El scientist británico Piers Forster, en trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente colombiano, ha presentado un documento estratégico que desmorona la creencia sobre costos imposibles. Aunque la transición progresiva requeriría inversión anual de 10,600 millones de dólares en el país suramericano, los retornos financieros serían substancialmente mayores. El análisis calcula ahorros anuales de 23,000 millones de dólares provenientes de mayor eficiencia operativa, costos energéticos reducidos y disminución de impactos sanitarios y climáticos. Esto representa una relación beneficio-inversión superior al 2 a 1, convirtiendo la transición en uno de los emprendimientos económicos más productivos de la era contemporánea. En paralelo, se ha creado el Panel Científico para la Transición Energética Global, dirigido por Johan Rockström y Carlos Nobre, reconocidos investigadores del cambio climático, con base en la Universidad de São Paulo. La ministra Irene Vélez enfatizó que esta instancia combate desinformación financiada por intereses económicos y políticos, permitiendo que decisiones nacionales se sustenten en evidencia científica. El panel operará como árbitro independiente garantizando que combustibles fósiles permanezcan en la agenda política mundial como amenaza sistémica. Cuatrocientos científicos internacionales presentaron además un plan de 12 acciones que busca transformar tanto generación como consumo de energía, incluyendo eliminación de marcos legales que protegen industrias fósiles, programas de reconversión laboral para trabajadores del sector extractivo, y restricciones publicitarias comparables a las aplicadas al tabaco.