México enfrenta el dilema energético: ¿adoptar tecnologías limpias de extracción de gas o priorizar la conservación del agua?

La administración de Claudia Sheinbaum se encuentra en la encrucijada de una decisión crucial para el sector energético nacional. México posee 141 mil millones de pies cúbicos en reservas de gas no convencional, un potencial significativo que podría transformar la dependencia energética del país. Actualmente, las importaciones de gas natural representan el 75 por ciento del consumo nacional, generando un gasto de 7 mil 674 millones de dólares anuales. Sin embargo, la explotación de estos yacimientos mediante fracturación hidráulica presenta desafíos ambientales considerables. Las principales reservas se localizan en regiones áridas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde la disponibilidad de agua es limitada. La extracción de un pozo requiere hasta 100 millones de litros de agua, equivalente a 4 mil pipas, y un campo típico contiene entre 6 y 8 pozos. Para abordar esta disyuntiva, la presidenta ha conformado un grupo de expertos en recursos hídricos, sustentabilidad, geología y medio ambiente que presentará recomendaciones en dos meses. La experiencia internacional ofrece perspectivas valiosas. Estados Unidos ha desarrollado más de 2 millones de pozos con fracturación hidráulica desde los años cuarenta, con avances significativos entre 1980 y 1990 en Texas y Oklahoma. Canadá opera aproximadamente 175 mil pozos mediante esta técnica y proyecta que el 80 por ciento de su producción de gas provenga del fracking en la próxima década. Argentina ha invertido más de 35 mil millones de dólares en Vaca Muerta, que alberga la segunda mayor reserva no convencional de gas a nivel mundial y la cuarta en petróleo, con planes de inversión adicional de 60 mil millones para 2030. Los avances tecnológicos han generado alternativas conocidas como fracking verde, que sustituyen el agua por otros fluidos como propano líquido, dióxido de carbono y pulso de plasma, reduciendo significativamente el consumo hídrico y la generación de lodos contaminados. Esta opción podría ofrecer un camino intermedio en el debate sobre el balance entre desarrollo económico y protección ambiental.